'La creciente pobreza en
Cuba tiene rostro afrocubano'
El independiente Comité
Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) presentó este martes
—Día Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia—,
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un
reporte sobre la situación de las personas afrodescendientes en
Cuba.
El informe, resultado de una
investigación del CIR, recoge 187 casos de violaciones de derechos
humanos a personas afrocubanas, indicó a los relatores de la CIDH
Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional de la organización
de la sociedad civil cubana.
"Todo lo que hacemos lo
realizamos de forma pacífica y dentro del esquema de valores y
principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos", explicó Madrazo sobre los peticionarios, ciudadanos
afrocubanos "interesados en contribuir a la eliminación del
racismo" en la Isla.
Marthadela Tamayo, quien
durante dos años ha investigado e impartido talleres sobre violencia
de género y maternidad precoz en el asentamiento El Tropical, de San
Miguel del Padrón, La Habana, ofreció información que indica que
en Cuba la pobreza y la marginalidad tienen rostro afrocubano, y que
las mujeres son las más afectadas.
En ese asentamiento, donde
las personas viven hacinadas en viviendas en mal estado constructivo,
el 95% de la población es negra y mestiza. Más de la mitad son
mujeres, la mayoría jefas de familia que llevan el peso de la
economía doméstica, empleándose como vendedoras ambulantes. Muchas
son madres solteras.
Perjudicados en el mercado
laboral
Otro aspecto significativo
en el informe es la creciente disparidad entre población blanca y la
afrocubana en el mercado laboral estatal y privado. Al respecto, la
periodista e investigadora Maricel Nápoles ofreció datos que
muestran la ventaja de tener la piel más clara para obtener empleos
que impliquen contacto directo con el público en el sector turístico
y, por tanto, mejor remuneración. En un estudio, de 12 propietarios
de negocios privados ninguno era negro. Sin embargo, de 31 mujeres
empleadas en Santiago de Cuba como auxiliares de limpieza, solo una
era blanca.
Nápoles abordó además las
formas en que el Estado cubano restringe la posibilidad de crear
sindicatos diferentes a los oficiales, y la represión que sufren los
sindicalistas independientes, principalmente los afrocubanos, que son
mayoría en esas organizaciones.
Los testimonios recogidos
entre sindicalistas afrocubanos en todos los territorios del país
reflejan que a la represión física y psicológica sufrida durante
las detenciones o encarcelamientos, se suma el linchamiento moral que
implican expresiones como "negro malagradecido, si a ti la
Revolución te hizo gente", entre otras que ofenden la dignidad
humana.
Las violaciones al derecho a
la libertad de expresión y opinión, y al derecho a la libre
asociación, también fueron incluidas en el reporte. Fernando
Palacio Mogar informó a los relatores sobre la negativa de
reconocimiento legal del Estado cubano a organizaciones comprometidas
con la lucha contra el racismo, como el CIR, CUBALEX y la Cofradía
de la Negritud.
Además, se restringe el
derecho a la reunión con fines pacíficos mediante operativos
policiales, señaló Palacio Mogar. Los periodistas independientes y
activistas sufren detenciones arbitrarias y amenazas de
encarcelamiento. Si son afrocubanos, las detenciones son más
violentas e incluyen insultos relacionados con el color de la piel,
aseguró.
El activista y periodista
independiente Jorge Amado Robert Vera, víctima de esos arrestos
arbitrarios e intimidaciones, relató su experiencia.
Dijo que el 3 de abril de
2016, cuando regresaba a su provincia, Santiago de Cuba, desde
Matanzas, fue detenido violentamente, amenazado y despojado de sus
pertenencias.
"Me dijeron que me iban
a llevar a prisión por un supuesto delito de difundir noticias
falsas y propaganda enemiga", relató. "Durante la
detención, me confiscaron mi computadora personal, una impresora y
tres teléfonos. No se me entrego ninguna acta de ocupación, lo cual
me impidió posteriormente presentar una reclamación legal. Hasta el
día de hoy, no me han devuelto estos implementos", dijo.
Robert Vera señaló que
solo pudo recuperar, días después, su ropa y su billetera. Según
dijo, el oficial que lo atendió en ese momento se refirió a él en
los siguientes términos: "Este negro de mierda no va a publicar
más en ningún periódico".
Los relatores quieren
visitar Cuba
Los peticionarios
presentaron varias solicitudes a la CIDH; entre ellas instar al
Estado cubano a permitir visitas de la Comisión; a revisar sus
marcos jurídicos y conciliarlos con las normas internacionales
relativas a los derechos mencionados, y a actuar enérgicamente para
erradicar la discriminación racial en la Isla.
Esmeralda Arosemena de
Troitiño, relatora para Cuba, lamentó la ausencia de representantes
del Estado, porque esta era una oportunidad para escuchar información
presentada por ambas partes. Reiteró la invitación de la CIDH al
Gobierno a posibilitar las visitas in loco que permitan contrastar la
información recibida.
La relatora Arosemena mostró
interés por la situación de niños y adolescentes en las
comunidades mencionadas por los autores del informe.
El relator especial sobre
Libertad de Expresión, Edison Lanza, expresó la solidaridad de la
relatoría con los periodistas independientes y los defensores de
derechos humanos en Cuba, y su preocupación por leyes que limitan la
libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. También
preguntó por el acceso a la información y a internet de afrocubanas
y afrocubanos.
Margarette May Macaulay,
relatora sobre Personas Afrodescendientes y Discriminación Racial,
afirmó conocer de primera mano, por sus visitas en Cuba, la
discriminación de afrocubanas y afrocubanos en sector turístico,
donde quienes ocupan altos puestos o realizan trabajos que dan acceso
a propinas son mayoritariamente blancos.
Las personas negras son
quienes limpian el piso, señaló la relatora. Dijo no entender cómo
el Estado cubano puede afirmar que no hay racismo, y preguntó si
existe alguna ley en Cuba que permita denunciar esta situación y
valorar hasta qué punto el Estado incumple sus propias leyes.
En los 10 minutos
adicionales que tuvieron los peticionarios para responder, Marthadela
Tamayo describió la situación de niños y adolescentes en
asentamientos marginales. "Los niños andan muchas veces sin
ropa y descalzos. Muchas niñas son madres a los 15 años",
denunció.
Maricel Nápoles explicó
que, como según el Gobierno cubano no existe discriminación racial
en el sector laboral, tampoco hay leyes para denunciarla y los
ciudadanos ignoran sus derechos. La falta de derecho a crear
sindicatos independientes también imposibilita luchar de forma más
efectiva contra esta discriminación, dijo.
Madrazo Luna señaló que
aunque el Gobierno en los últimos años ha admitido la existencia de
racismo y discriminación racial en Cuba, debido a la presión de la
sociedad civil, insiste en el argumento de que hablar de ese flagelo
contribuiría a la desunión nacional, y afirma que el tema forma
parte de una agenda subversiva.
Nápoles cerró esta segunda
intervención de los peticionarios con una frase contundente, que
pone en evidencia la situación del racismo en Cuba: "Los
afrocubanos son minorías en las universidades y mayoría en las
cárceles", dijo.
Antes de terminar la
audiencia, Margarette May Macaulay solicitó a la sociedad civil
cubana continuar enviando a la CIDH información sobre la situación
de los derechos de los afrocubanos.
